Monsanto, empresa multinacional comprada el año pasado por Bayer que desde principios del siglo XX ha comercializado productos altamente tóxicos, como el PCB, el 2,4,5-T, el herbicida Lasso y el famoso Roundup elaborado a base de glifosato, fue sometida a un tribunal ético. Para ello se utilizaron los mismos procedimientos que utiliza la Corte Penal Internacional de La Haya. La compañía se negó a participar.
El pasado 18 de abril el Tribunal Internacional de La Haya, integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza, encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes de guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica. La idea fue impulsada por más de mil organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.
Si bien el tribunal era simbólico, sus conclusiones empezarán a ser usadas en demandas a lo largo y ancho del planeta. Se intentará conseguir la modificación del Estatuto de Roma para que se incluya la figura del ecocidio.
Con respecto a este último concepto, la conclusión de los jueces no dejó lugar a dudas: “Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas”, advirtió el fallo.
El primer punto tratado en el fallo es si Monsanto vulneró el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que es una pre condición para el ejercicio de todos los derechos humanos. Para ello, los expertos analizaron testimonios de investigadores que detectaron casos de malformaciones en Argentina y Francia causadas por el glifosato, enfermedades renales crónicas por la aplicación de Roundup en Sri Lanka y la suba de las tasas de cáncer en Brasil. También se mencionó la pérdida de diversidad y fertilidad de los suelos, la contaminación de las explotaciones agrícolas con transgénicos, y las deficiencias de salud de los cerdos alimentados con plantas modificadas genéticamente.
Frente al nivel de pruebas, la conclusión fue tajante: “Monsanto ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos en el medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades de muchos países, así como a la salud del propio entorno, con las consiguientes repercusiones en las plantas y los animales y en la diversidad biológica”, estimó el tribunal.
El segundo punto a tratar, el derecho a la alimentación, llama la atención porque el combo “siembra directa + transgénicos + agroquímicos” fue presentado desde el minuto cero como la tríada que pondría fin al hambre en el mundo, algo que no ocurrió. Según el fallo, el mundo siempre estuvo en condiciones de producir alimentos para todos apelando a la agricultura tradicional.
El tribunal destacó que los “daños producidos en el suelo, en los nutrientes, influyeron negativamente en las condiciones que requieren los cultivos y en las corrientes de agua utilizadas para el mismo trabajo agrícola”.
Además, tuvo en cuenta el testimonio de dos argentinos. Por un lado, el médico rosarino Damián Verzeñassi, quién señaló que en “donde anteriormente se habían producido alimentos, ahora había plantas transgénicas toxicodependientes que habían afectado a la producción lechera y ganadera”. El otro es el productor Diego Fernández, quién posee 150 hectáreas en Santa Fe y contó cómo lo afectó la producción de soja transgénica a partir de 1996: cada vez requería un mayor uso de Roundup. “Antes de la conversión del campo utilizaba 1 litro de Roundup por hectárea cada año; después de la conversión utilizaba entre 10 y 12 litros, lo que causó la compactación del suelo, la muerte de las raíces y una reducción de la actividad microbiológica. La compactación del suelo provocó también inundaciones porque el agua había dejado de filtrarse. Otra consecuencia que señaló fue la aparición de plantas invasivas resistentes a los herbicidas”, recordaron los jueces. Hubo además testimonios similares de agricultores de México, de la India, de Burkina Faso y de Bangladesh.
“Los testimonios citados revelan que, en todos los casos, se ha producido una vulneración del derecho a la alimentación de la que han sido víctimas los testigos y las comunidades, así como las personas mencionadas por los testigos”, indicaron los jueces.
La afectación al derecho a salud fue posiblemente la más fácil de demostrar, ya que incluso hay jurisprudencia en varios países. En este punto fue muy sólida la exposición del médico Verzeñassi, quien dirige el Instituto de Salud Socioambiental, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. El experto encabeza un proyecto titulado “Campamento sanitario” en cuyo marco se han realizado estudios en 27 localidades de cuatro provincias argentinas. Después de recopilar datos de 96.874 personas de dichas localidades, observó que en esas zonas hay altísimas tasas de una serie de enfermedades vinculadas al uso de cultivos de organismos modificados genéticamente y en la exposición al glifosato producido y comercializado por Monsanto.
Al respecto, los magistrados no sólo hicieron hincapié en los daños a la salud física sino también la mental, y pusieron énfasis en los efectos perjudiciales del PCB, el glifosato y los transgénicos.
Varios testimonios, al decir del tribunal, coincidieron en que “Monsanto ha empleado de modo habitual tácticas deshonestas, engañosas y opacas para conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por ingeniería genética y sus herbicidas asociados”. La empresa está acusada de operar para desacreditar y paralizar las investigaciones científicas y debates que suponen una amenaza para sus intereses comerciales.
El último tema que se analizó fue si Monsanto fue cómplice de un crimen de guerra, ya que fabricó el Agente Naranja que los Estados Unidos utilizaron durante la contienda bélica en Vietnam. El tribunal aclaró que “no se ha presentado ante el Tribunal ninguna evidencia relevante”, pero aun así concluyó que “habría que dar crédito a la hipótesis de que se disponía de pruebas pertinentes en relación con los hechos de que Monsanto”, porque la empresa “proporcionó los medios necesarios para la campaña estadounidense en Vietnam; sabía cómo se utilizarían sus productos y tenía información sobre los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente”.
A continuación, el video doblado al castellano de la presentación en público de la opinión legal de los Jueces del “Tribunal Monsanto”.
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